Trump’s Executive Order Enhancing Public Safety in the Interior of the United States (Spanish)

ORDEN EJECUTIVA

MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA AL INTERIOR DE ESTADOS UNIDOS

 

Por la autoridad que, como Presidente, me confiere la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América, incluida la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INAi) (8 U.S.C.ii 1101 et seq), y en orden de asegurar la seguridad pública del pueblo estadounidense en las comunidades a lo largo de Estados Unidos, así como también asegurar que las leyes inmigratorias de nuestra nación se ejecuten fielmente, declaro que la política del Poder Ejecutivo es la siguiente:

 

Sección 1. Propósito. La aplicación interior de las leyes de inmigración de nuestra Nación es críticamente importante para la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos. Muchos extranjeros quienes entran a Estados Unidos y aquellos quienes permanecen aquí por demasiado tiempo o de otra manera violan los términos de sus visas representan una amenaza a la seguridad nacional y a la seguridad pública. Esto es así en especial para los extranjeros quienes llevan a cabo actos criminales en Estados Unidos.

Las jurisdicciones santuario a lo largo de Estados Unidos violan deliberadamente las leyes federales en un intento de proteger a los extranjeros de su remoción de Estados Unidos. Estas jurisdicciones han causado un daño incuantificable al pueblo estadounidense y al entramado mismo de nuestra República.

Decenas de miles de extranjeros removibles han sido liberados dentro de comunidades de todo el país, simplemente porque sus países de origen se niegan a aceptar su repatriación. Muchos de estos extranjeros son criminales quienes han cumplido condenas en nuestras cárceles locales, estatales y federales. La presencia de tales individuos en Estados Unidos, y las prácticas de aquellas naciones extranjeras que rechazan la repatriación de sus ciudadanos, son contrarias al interés nacional.

A pesar de que las leyes federales de inmigración proveen un marco de acción para la colaboración federal-estatal para aplicar nuestras leyes de inmigración para asegurar la expulsión de los extranjeros quienes no tienen derecho de estar en Estados Unidos, el Gobierno federal ha fallado en el desempeño de esta responsabilidad soberana básica. No podemos ejecutar las leyes de inmigración de Estados Unidos en su totalidad si eximimos clases o categorías de extranjeros removibles de la aplicación potencial de las leyes. El propósito de esta orden es la de ordenar a las agencias de gobierno y departamentos ejecutivos (agencias de gobierno) el empleo de todas las medidas legales para aplicar las leyes de inmigración de Estados Unidos.

 

Sección 2. Políticas. Son las políticas del poder ejecutivo:

(a) Asegurar la ejecución puntual de las leyes de inmigración de Estados Unidos, incluyendo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en contra de todos los extranjeros removibles, en consistencia con el Artículo II, Sección 3 de la Constitución de Estados Unidos y la sección 3331 del título 5 del Código de Estados Unidos;

(b) Hacer uso de todos los sistemas y recursos disponibles para asegurar la ejecución eficiente y puntual de las leyes de inmigración de Estados Unidos;

(c) Asegurar que las jurisdicciones que fallen al cumplir con las leyes federales aplicables no reciban fondos federales, excepto como lo manda la ley;

Traducido por Tahirih Justice Center – Translated by the Tahirih Justice Center

2 de febrero de 2017

(d) Asegurar que los extranjeros quienes han sido declarados removibles de Estados Unidos sean expulsados inmediatamente;

(e) Apoyar a las víctimas, y a las familias de las víctimas, de los crímenes cometidos por los extranjeros removibles.

 

Sección 3. Definiciones. Los términos de esta orden, cuando sea aplicable, deberán tener el significado proveído en la sección 1101 del título 8 del Código de Estados Unidos.

 

Sección 4. La aplicación de las Leyes de inmigración al interior de Estados Unidos. En seguimiento de las políticas descritas en la sección 2 de esta orden, ordeno a las agencias de gobierno emplear todos los medios legales para asegurar la aplicación precisa de las leyes de inmigración de Estados Unidos en contra de los extranjeros removibles.

 

Sección 5. Prioridades de aplicación de la ley. Al ejecutar de manera precisa las leyes de inmigración de Estados Unidos, la Secretaría de Seguridad Nacional [DHS](la Secretaría) deberá priorizar la expulsión de aquellos extranjeros descritos por el Congreso en las secciones 212(a)(2), (a)(3), y (a)(6)(C), 235, y 237(a)(2) y (4) de la INA (8 U.S.C. 1182(a)(2), (a)(3), y (a)(6)(C), 1225, y 1227(a)(2) y (4)), así como a aquellos extranjeros quienes:

(a) Han sido condenados por cualquier delito criminal;

(b) Han sido acusados por cualquier delito criminal, cuando tales acusaciones no han sido resueltas;

(c) Han cometido actos que constituyen delitos criminales;

(d) Han cometido fraude o falsa representación intencional en conexión con cualquier asunto oficial o aplicación ante una agencia gubernamental;

(e) Han abusado de cualquier programa relacionado a la recepción de beneficios públicos;

(f) Se encuentran sujetos a una orden final de remoción, pero quienes no han cumplido con su obligación legal de salir de Estados Unidos; o

(g) A juicio de un agente de inmigración, representan un riesgo a la seguridad pública o a la seguridad nacional.

 

Sección 6. Multas y sanciones civiles. Tan pronto como sea viable, y antes de un año de la fecha de esta orden, la Secretaría deberá publicar lineamientos y promulgar regulaciones, donde sea requerido por la ley, para asegurar la determinación y el cobro de todas las multas y las sanciones que la Secretaría está autorizada para determinar y cobrar por ley a los extranjeros quienes se encuentran ilegalmente presentes en Estados Unidos y a aquellos quienes faciliten su presencia en Estados Unidos.

 

Sección 7. Agentes adicionales de las fuerzas de seguridad y remoción. La secretaría, por medio del director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, deberá, hasta el alcance de lo permitido por la ley y sujeto a la disponibilidad presupuestal, tomar todas las acciones apropiadas para contratar a 10,000 agentes de inmigración adicionales, quienes deberán completar el entrenamiento pertinente y estar autorizados para llevar a cabo las funciones de la aplicación de la ley descritas en la sección 287 de la INA (8 U.S.C. 1357).

 

Sección 8. Acuerdos Federales-Estatales. Es la política del poder ejecutivo otorgar el poder a las agencias de gobierno locales y estatales en todo el país para llevar a cabo las funciones de un agente de inmigración al interior de Estados Unidos hasta el límite máximo permitido por la ley.

(a) De conformidad con esta política, la Secretaría deberá tomar acciones inmediatas para trabajar en conjunto con los gobernadores de los estados, así como con los funcionarios locales, con el propósito de prepararse para entrar en acuerdos bajo la sección 287(g) de la INA (8 U.S.C. 137(g)).

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2 de febrero de 2017

(b) Hasta el límite permitido por la ley y con el consentimiento de los funcionarios locales o estatales, según corresponda, el Secretario deberá tomar las acciones apropiadas, por medio de acuerdos bajo la sección 287(g) de la INA, o de otra manera, para autorizar a los agentes de las fuerzas de seguridad, calificados y apropiados según determine el Secretario, para llevar a cabo las funciones de los agentes de inmigración en relación a la investigación, la aprehensión o la detención de extranjeros en Estados Unidos bajo la dirección y supervisión del Secretario. Tal autorización deberá ser en adición a, en vez de en lugar de, el desempeño por parte de la Federación de tales funciones.

(c) Hasta el límite permitido por la ley, el Secretario deberá estructurar cada acuerdo bajo la sección 287(g) de la INA de forma que se provea el modelo más efectivo para aplicar las leyes federales de inmigración para dicha jurisdicción.

 

Sección 9. Jurisdicciones santuario. Es la política del poder ejecutivo asegurar, hasta el alcance máximo de la ley, que un Estado, o una subdivisión política de un Estado, cumpla con 8 U.S.C. 1372.

(a) En fomento de esta política, el Fiscal General y el Secretario, a su discreción y hasta el alcance permitido por la ley, deberán asegurar que las jurisdicciones que voluntariamente rechacen cumplir con 8 U.S.C. 1373 (jurisdicciones santuario) no sean elegibles para recibir fondos federales, con excepción de cuando el Fiscal General o el Secretario determinen necesario para los propósitos de la aplicación de la ley. El Secretario tiene la autoridad de designar, a su discreción y hasta el alcance permitido por la ley, una jurisdicción como jurisdicción santuario. El Fiscal General deberá llevar a cabo las medidas de aplicación de la ley adecuadas en contra de cualquier entidad que viole 8 U.S.C. 1373, o aquella que tenga en efecto un estatuto, política o práctica que prevenga o dificulte la aplicación de la ley federal.

(b) Para informar al mejor público al respecto de las amenazas a la seguridad pública asociadas con las jurisdicciones santuario, el Secretario deberá utilizar el Reporte de resultados de retenciones declinadas o su equivalente y, semanalmente, hacer pública una lista de acciones criminales cometidas por extranjeros y cualquier otra jurisdicción que ignoró o incumplió cualquier retención relacionada con tales extranjeros.

(c) Al Director de la Oficina de Dirección y Presupuesto se le ordena obtener y proveer información relevante sobre el monto de fondos federales que son actualmente recibidos por todas las jurisdicciones santuario.

 

Sección 10. Revisión de las acciones y políticas previas. (a) El Secretario deberá tomar todas las medidas apropiadas para terminar con el Programa de Aplicación Prioritaria (PEP) descrito en el memorándum publicado por la Secretaría el 20 de noviembre de 2014, y reinstituir el programa de inmigración conocido como “Comunidades Seguras” al que se hace referencia en tal memorándum.

(b) El Secretario deberá revisar los reglamentos, políticas y procedimientos organizacionales y su consistencia con esta orden y, en caso de ser requerido, publicar para aviso y comentarios las regulaciones propuestas para rescindir o revisar cualquier regulación inconsistente con esta orden y deberá considerar retirar o modificar cualquier política o procedimiento inconsistente, de conformidad y en apego a la ley.

(c) Para proteger a nuestras comunidades y facilitar la identificación, detención y expulsión de extranjeros criminales dentro de los parámetros constitucionales y estatutarios, el Secretario deberá consolidar y revisar cualquier formulario aplicable para comunicarse de manera más efectiva con las agencias de gobierno de las fuerzas de seguridad.

 

Sección 11. Acción judicial contra los violadores de la inmigración del Departamento de Justicia. El Fiscal General y el Secretario deberán trabajar en conjunto para desarrollar e implementar un programa que

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2 de febrero de 2017

asegure que los recursos adecuados son dedicados a actuar judicialmente contra las ofensas criminales en materia de inmigración en Estados Unidos, y desarrollar estrategias de cooperación para reducir los crímenes violentos y el alcance de las organizaciones criminales transnacionales dentro de Estados Unidos.

 

Sección 12. Países recalcitrantes. La Secretaría de Seguridad Nacional y la Secretaría de Estado deberán cooperar para implementar de manera efectiva las sanciones indicadas en la sección 243(d) de la INA (8 U.S.C. 1253(d)), según sea apropiado. La Secretaría de Estado deberá, hasta el límite máximo permitido por la ley, asegurar que los esfuerzos diplomáticos y las negociaciones con los estados extranjeros incluyen como una condición precedente la aceptación por parte de tales estados de sus ciudadanos quienes sean sujetos a expulsión de Estados Unidos.

Sección 13. Oficina de la Víctimas de los Crímenes Cometidos por los Extranjeros Removibles. El Secretario deberá ordenar al Director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU tomar todas las medidas legales y apropiadas para establecer dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU una oficina para proveer servicios proactivos, prontos, adecuados y profesionales a las víctimas de los crímenes cometidos por los extranjeros removibles y los familiares de tales víctimas. Esta oficina deberá proveer reportes cuatrimestrales acerca de los efectos de la victimización por parte de los extranjeros presentes en Estados Unidos.

 

Sección 14. Ley de Privacidad. Las agencias de gobierno gubernamentales deberán, hasta el límite establecido por las leyes aplicables, asegurar que sus políticas de privacidad excluyan a las personas quienes no son ciudadanos de Estados Unidos o residentes permanentes legales de las protecciones de la Ley de Privacidad relacionadas a la información de identificación personal.

 

Sección 15. Reporte. Salvo que se disponga lo contrario en esta orden, el Secretario y el Fiscal General deberán enviar cada uno al Presidente un reporte del progreso de las directrices contenidas en esta orden dentro de 90 días posteriores a la fecha de esta orden y de nuevo 180 días después de la fecha de esta orden.

 

Sección 16. Transparencia. Para promover la transparencia y el conocimiento de la situación de los extranjeros criminales en Estados Unidos, al Secretario y al Fiscal General se les ordena recolectar la información relevante y entregar reportes trimestrales sobre lo siguiente:

(a) el estatus migratorio de todos los extranjeros encarcelados bajo la custodia de la Oficina Federal de Prisiones;

(b) el estatus migratorio de todos los extranjeros encarcelados previos al juicio bajo la supervisión del United States Marshals Service; y

(c) el estatus migratorio de todos los extranjeros convictos encarcelados en prisiones estatales y centros de detención locales a lo largo de Estados Unidos.

 

Sección 17. Contratación. La Oficina de Gestión de Personal adoptará las medidas que sean necesarias para facilitar la contratación de personal para ejecutar esta orden.

 

Sec. 18. Disposiciones generales. ((a) Nada de lo dispuesto en esta orden se interpretará en el sentido de menoscabar o afectar:

(i) la autoridad otorgada por la ley a un departamento u organismo ejecutivo o al jefe de la misma; o

(ii) las funciones del Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto relativas a propuestas presupuestarias, administrativas o legislativas.

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2 de febrero de 2017

(b) Esta orden deberá aplicarse en consonancia con la legislación aplicable y con sujeción a la disponibilidad de consignaciones.

(c) Esta orden no pretende, y no crea ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, exigible por ley o por equivalencia, de ninguna parte contra Estados Unidos, sus departamentos, organismos o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes o cualquier otra persona.

 

DONALD J. TRUMP

LA CASA BLANCA,

 

25 de enero de 2017.

i Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA por sus siglas en inglés).

ii Código de los Estados Unidos

 

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2 de febrero de 2017

 

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